Santo Domingo, El diputado Wellington Arnaud alertó de que al Despacho de la Primera Dama se le está incrementando su asignación para el 2018, con relación al 2017, en un monto de doscientos noventa y cuatro millones 274 mil 81 pesos con 00/100, (RD$294,274,081.00), alcanzando la suma de RD$890 millones, cuando lo justo sería que esos recursos sean distribuidos en programas para enfrentar dos grandes problemas que golpean a la sociedad dominicana: los embarazos en adolescentes y la violencia contra la mujer.
El legislador del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) por el Distrito Nacional planteó la necesidad de agregar como programa prioritario dentro del Ministerio de Salud Pública con un monto de ciento cuarenta y siete millones ciento treinta y siete mil cuarenta pesos con 50/100 (RD$147, 137,040.50) la“Prevención de Embarazos en Adolescentes y Fortalecimiento de la Atención a la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres Jóvenes en la República Dominicana”.
De igual manera incluir dentro del Ministerio de la Mujer con un monto de ciento cuarenta y siete millones ciento treinta y siete mil cuarenta pesos con 50/100 (RD$147,137,040.50) “Prevención y Atención a la Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar”.
Arnaud explicó que esta actividad solo dispone de una asignación de RD$6 millones 644 mil pesos mensuales para el 2018, “lo cual consideramos insuficientes por la magnitud del problema de los feminicidios”.
Al hacer referencia a la gravedad de la situación, el diputado sostuvo que en el 2015, 34 mil 453 de los partos, cesáreas y abortos en el país correspondieron a niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años, es decir, 27.35%, de acuerdo a datos preliminares recogidos por la Dirección de Información y Estadísticas del Ministerio de Salud Pública (MSP).
En tanto, añadió que según el informe 2016 realizado por OXFAM, entre enero y septiembre hubo 51,809 casos de violencia registrados (de acuerdo a datos de la Procuraduría). De éstos solo el 1% se judicializó (426) y sólo 2% llegaron a sentencia (8 casos).
El congresista consideró alarmante que se emitieran 8,904 órdenes de protección, sin tomar en consideración que solo 20 de cada 100 mujeres violentadas ponen denuncia y de esa cantidad muchas las retiran, además de los 66 feminicidios producidos en ese periodo.
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