La Oficina
Judicial de Servicios de Atención Permanente de María Trinidad Sánchez dictó la
medida de coerción en contra de José Antonio Paredes, alias José Lancha, quien
fue sometido a la justicia por el Ministerio Público por su vinculación al
tráfico de ilegales.
A través de un
comunicado de prensa se informó que la investigación del caso está a cargo de
la Fiscalía de María Trinidad Sánchez conjuntamente con la Procuraduría
Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la
colaboración de la Armada de la República Dominicana y la Guardia Costera de
los Estados Unidos, por sus siglas en inglés US Coast Guard.
En su
solicitud de medidas de coerción el Ministerio Público establece que por el
viaje le fue requerida a cada persona sumas comprendidas entre los US$4,000.00
a US$5,000.00, dinero que sería pagado por familiares de los mismos a otras
personas que forman parte de esta red criminal dedicada al tráfico ilícito de
migrantes al momento de arribar a Puerto Rico, mientras que a otros del grupo
les fue requerido pagar por adelantado sumas de hasta 40 mil pesos dominicanos.
Sobre el
arresto de Paredes, indicó que fue sorprendido en flagrante delito, mediante
operativo realizado por miembros de la Armada de República Dominicana en
conjunto con la Guardia Costera de los Estados Unidos en momentos en que el
mismo transportaba al grupo a bordo de una embarcación de fabricación
clandestina, tipo yola, de aproximadamente 35 pies de eslora.
Detalla que la
embarcación salió el pasado 8 de agosto desde la playa de Nagua con destino
hacia la vecina isla de Puerto Rico y que durante todo el trayecto fue
conducida por el encartado, utilizando pasos migratorios no formales y tratando
de evitar ser detectado por las autoridades.
El Ministerio
Público señaló que ha otorgado al presente caso la calificación jurídica de
tráfico ilícito de migrantes agravado, en el grado de ejecución, los cuales son
tipificados y sancionados por las disposiciones de los artículos 1 (letra f), 2
y 7 (letra c y e), de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata
de Personas, en perjuicio del Estado dominicano.
Dijo que se
trata de un delito que de ser encontrado culpable Paredes podría ser condenado
a una pena privativa de libertad de 10 a 15 años de reclusión y al pago de una
multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios mínimos y, contemplando las
agravantes indicadas en la Ley 137-03, como se tipifica en el caso de la
especie, dicho delito podría sancionarse con penas de hasta 20 años de
privación de libertad.
El Ministerio
Público destaca en la nota informativa que con este nuevo caso suman 34 las
medidas de coerción obtenidas contra involucrados en esa actividad criminal en
los últimos cuatro meses, más de 25 consistentes en prisión preventiva.
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