SANTO DOMINGO:-La vice-presidenta de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) Eulogia Familia consideró como repudiable y violatorio de todos los preceptos legales y de derechos humanos, las amenazas e intimidación que contra los empleados públicos se viene ejerciendo desde varias administraciones del gobierno, para forzarlos a votar en las próximas elecciones municipales, congresuales y presidenciales por las posiciones del partido oficial y sus aliados.
Argumentó Familia que algunos funcionarios se han pronunciado públicamente en términos amenzantes contra los servidores públicos, en violación a la constitución de la República, la legislación electoral, la legislación laboral incluyendo los convenios internacionales de los que el país es signatario. como lo son el código de trabajo, la ley de funcionario público entre otras y los convenios fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente el 111 en su artículo 1 que prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación en todas las manifestaciones, incluyendo la política.
Familia señaló que otro es el convenio 105 articulo 1.- que obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio como medio de coerción o de educación política o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. La aplicación de esta norma en el caso que nos ocupa tiene que ver con la coersión política al trabajador para el fomento del servilismo clientelar.
Indicó que son violados el 168 sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, en su artículo 6 y el 122 sobre política de empleo en su art.1.- letra c son instrumentos de OIT que reconocen que para la accesar a un empleo o permanecer en él sólo se requiere la formación y facultades que posea el trabajador sin tener en cuenta su opinión política entre otras condiciones sociales y humanas.
Condenó la dirigente sindical familia que ciertos funcionarios incluyendo legisladores, intimidan sin sonrojarse a los empleados públicos, obviando que la constitución en sus artículos 7 y 8 reconoce el derecho al trabajo, el respeto a la dignidad de las personas y la libertad individual entre otros, como parte del Estado Social y Democrático de Derechos que debe disfrutar cada dominicano y en el art.62 fundamenta que el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Igual descripción hace el principio I del código de trabajo (ley 16-92).
También, tanto la constitución en su artículo 62 numeral 5, como el código de trabajo en su principio VII condenan la discriminación en el trabajo de toda índole, incluyendo las de carácter político e igual se expresa la ley 41-08 de funcionarios públicos que sólo reconoce la calificación y el mérito profesional para preservar o no un empleo público.
Familia dijo que varios trabajadores han denunciado que en el proceso electoral interno del oficialismo vivieron una situación de incertidumbre y acoso en el empleo, que se viene reeditando actualmente donde funcionarios del gobierno -les advierten que supuestamente tienen formas de enterarse por quién votan y que de hacerlo contrario a sus candidatos serán destituidos de sus puestos de trabajo-.
De acuerdo con la dirigente sindical las informaciones manipuladas e interesadas de estos funcionarios, contribuyen a la desigualdad electoral de los concurrentes, además del acoso a que son sometidos lo cual está tipificado en el convenio 190 de la OIT como violencia laboral y que crea inseguridad en el empleo, además de que la gente desconfíe de la confidencialidad del voto, infundiendo confusión y temor en los trabajadores.
Otros instrumentos internacionales de lo que el país es signatario como el capítulo 16 del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea y la Carta Democrática Interamericana de la OEA, evocan los convenios fundamentales de la OIT como instrumentos de protección laboral en democrácia para asegurar las oportunidades de hombres y mujeres en el trabajo, sin distinción de que seea público o privado.
Finalmente Familia hizo un llamado a la Junta Central Electoral (JCE), para que tome carta en el asunto y ponga fín a esta campaña mediática que permea la libertad democrática que tienen los trabajadores públicos de elegir a sus autoridades de acuerdo a sus preferencias.
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