En ese sentido informó, que inmediatamente fue aprobada la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, la Procuraduría General de la República inició un amplio programa de capacitación, que incluye talleres y diplomados, dirigidos a fiscales y procuradores de todo el país, quienes tendrán a su cargo la persecución e investigación de los crímenes y delitos electorales que pudieran presentarse, a fin de garantizar y preservar los procesos electorales, de forma tal que cumplan con lo establecido en la ley.
El máximo representante del Ministerio Público explicó que al igual que todos los demás delitos bajo la coordinación del fiscal titular de cada provincia, los fiscales deben investigar y perseguir los delitos y recibir las denuncias y querellas que por infracciones penales electorales pudieran presentarse en cualquier parte del país. Estos deberán ponderarlas en sus respectivas jurisdicciones conforme el ordenamiento procesal penal que le es aplicable y encaminar su procesamiento por ante el Tribunal Superior Electoral, en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
“Es competencia de todos los miembros del Ministerio Público a nivel nacional, en virtud de los principios de indivisibilidad y de unidad de actuaciones y bajo la coordinación del Fiscal Titular de cada provincia actuar de oficio cuando sea necesario, y recibir todas las denuncias y querellas de todos los delitos, incluidos los delitos electorales, así como ponerlas en movimiento, si las estiman meritorias conforme con la normativa procesal penal y respetando siempre el debido proceso de ley”, expresó.
En tal sentido, el procurador recordó que es a las fiscalías que les corresponde investigar y perseguir los diferentes tipos penales ocurridos en sus respectivas localidades, con la asesoría y asistencia de las procuradurías especializadas correspondientes tal cual lo contempla la ley.
Al referirse a la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos y Crímenes Electorales, el máximo representante del Ministerio Público, explicó que el artículo 289 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, crea dicha procuraduría de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual dispone principalmente en sus artículos 53 y 54 que la función de las procuradurías especializadas consiste en dar asesoría y asistencia a las fiscalías en el ámbito que le corresponda.
Adelantó que dentro de este primer trimestre del año, el Consejo Superior del Ministerio Público, el cual preside, en ejercicio de su atribuciones legales, convocará un concurso interno para Ministerio Público de carrera a los fines de cubrir todas las plazas de titulares vencidas o vacantes, incluyendo el titular de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales a los fines de que la misma preste la debida asesoría y colaboración a los fiscales en esta materia, cuando sea necesario.
El máximo representante del Ministerio Público se refirió en esos términos al concluir una reunión que sostuvo con el presidente de la Junta Central Electoral, magistrado Julio César Castaños Guzmán, donde trataron estos temas y reiteró que brindará cooperación y asesoramiento a la Junta Central Electoral.
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