Por: Redacción
Santo Domingo. La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad Nacional del Senado, concluyó este martes la discusión del proyecto de ley de Seguridad Privada el cual tiene como objetivo, la regulación de los servicios de Seguridad privada en todo el territorio nacional, incluyendo el transporte de valores, la seguridad electrónica y los detectives privados.
El presidente de la Comisión, senador Adriano Sánchez Roa, aseguró que la iniciativa fue consensuada con los diferentes actores que intervienen en el sector y que presentaran un informe favorable a la pieza legislativa en los próximos días.
Destacó que los comisionados realizaron una exhaustiva labor para afinar el proyecto general de Seguridad Privada que busca regular a unos 42mil agentes de seguridad privada y además contribuir con la seguridad ciudadana.
El representante de Elías Piña precisó además, que con la regulación de ese sector, el estado percibiría miles de millones de pesos por concepto de pago de impuestos por parte de las empresas de seguridad privada, muchas de las cuales se encuentran operando de manera informar en la actualidad.
El artículo 3 de la nueva Ley establece: que incurre en la infracción penal de lavado de activos, la persona que convierta, transfiera o transporte bienes, a sabiendas de que son el producto de cualquiera de los delitos precedentes, con el propósito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes.
En el mismo artículo, se establece que la persona que incurra en la violación a esta ordenanza, será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos; así como la inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o contratar con entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.
La violación de las mencionadas disposiciones será sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión mayor, multa de 200 a 400 salarios mínimos, el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación temporal por un período de diez años para desempeñar posiciones, prestar servicios o contratar con entidades de intermediación financiera, participantes del mercado de valores, y entidades públicas.
A la reunión de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad Nacional, asistieron además de Sánchez Roa, quien la preside; los senadores Pedro Alegría, Manuel Paula y Arístides Victoria Yeb.
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