Santo Domingo RD-. Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, evalúa el discurso de toma de posesión del presidente Danilo Medina Sánchez, resaltando lo siguiente:
Sobre política institucional:
En primer lugar hay que ponderar los buenos propósitos de gestión anunciados por el presidente Danilo Medina para el período gubernamental que hoy se inicia, aunque en muchos casos se trata de ratificación de los que fueron metas fundamentales para el período concluido. En parte significativa están dirigidos a lograr o completar los proyectos no ejecutados o pendientes de ejecución. Tales los casos de los servicios fundamentales de energía, salud, agua potable, transporte, vivienda, reforma integral de la policía y nuevas políticas de seguridad ciudadana. Satisface el compromiso de acentuar la lucha contra la pobreza y de mejorar la calidad de los servicios educativos y de salud.
Sin embargo, el presidente Medina produjo un discurso bastante similar al del 2012 cuando inició su primer período de gobierno, ahora con mayor énfasis en presentarse como garante del futuro de desarrollo y equidad, tanto que rozó el providencialismo. Configuró un gobierno tan personal que ni siquiera aludió a su propio partido, ni mucho menos a la sociedad civil organizada ni al pacto social al que había convocado en el 2012.
Fue notable que el presidente ignorara las reiteradas y amplias demandas de distintos sectores por un pacto político-social que rescate la institucionalidad democrática, más allá de repetición de la promesa de apoyar las reclamadas leyes de partidos y del régimen electoral.
Desperdició la oportunidad de reconocer a las fuerzas políticas de oposición y a sus legisladores y de tender puentes de entendimiento tras las heridas dejadas por el desigual y abusivo proceso electoral que dio origen al nuevo mandato. Las manchas de ilegitimidad del proceso electoral tuvieron manifestación hoy mismo en la ausencia programada de los legisladores de los partidos opositores en el acto de juramentación. Esto constituye una regresión, pues no se había producido desde 1974.
Fueron notorias las omisiones en relación a las promesas pasadas de que sería implacable con los corruptos, oportunistas y deshonestos; de luchar contra la corrupción y la impunidad. En esta ocasión, mantiene los buenos deseos de rectitud y la voluntad de hacer las cosas bien, de estar al lado de la gente honrada, olvidándose que el primero que tiene que tomar acciones firmes para la transparencia, la rendición de cuentas y impunidad es el Jefe de Estado y Jefe de gobierno de la nación.
Sobre la economía nacional
Aunque configuró la necesidad de mayores tributos y mejoramiento de la calidad del gasto, no se refirió al compromiso de la Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) para un pacto fiscal, dejando dudas sobre cómo financiará sus nuevas promesas de realizaciones.
Es deplorable que temas tan fundamentales como la reestructuración del modelo económico de desarrollo, los consistentes déficits fiscales y el enorme endeudamiento estuvieran ausentes del discurso de casi hora y media del primer mandatario. No se refirió al cumplimiento de las metas y resultados previstos en la END, ni a su principal instrumento de aplicación, el plan plurianual del cuatrienio. Al pasar revista a las realizaciones del período concluido y las acciones a desarrollar en el período 2016-2020 debió tomar en cuenta dichas herramientas de planificación, a cuyos objetivos y prioridades, de acuerdo a la legislación vigente, deben estar alineadas la política fiscal (gastos e ingresos públicos) y, en consecuencia, las intervenciones del Poder Ejecutivo.
La tasa de crecimiento económico del país señalada por el Presidente de la República supera el promedio regional, sin embargo en la mayoría de los indicadores de bienestar nos encontramos por debajo de la mayoría de países que componen la región. Tampoco ha servido dicho crecimiento para lograr los resultados esperados en el período en los servicios de educación, salud, vivienda y saneamiento, entre otros, según lo establecido en el plan nacional plurianual del sector público 2013-2016 y en END. Incluso, la reducción de la pobreza a que hizo alusión el Presidente, ha sido escasa y se mantiene a una tasa significativamente superior a la prevista en la END, de 27.1% para el año 2015.
Es cierto, como dijo el presidente, que el déficit de cuenta corriente se ha reducido, pero debe aclararse que dicha reducción ha obedecido al hecho fortuito de la disminución de los precios del petróleo que ha tenido un impacto positivo muy significativo en la factura petrolera del país, principal componente de nuestras importaciones.
Por otro lado, cuando se atribuye el mérito de los bajos niveles de inflación y de la estabilidad de la economía, debe recordarse que esto ha sido posible por el desbordado endeudamiento público para financiar los permanentes déficits fiscales con que ha venido operando el Gobierno Central y al cada vez más desmesurado déficit cuasi fiscal del Banco Central. Basta señalar que en el 2011 la deuda total del sector público ascendía a 24,165 millones de dólares, equivalentes a un 42 por ciento del PIB y a junio del presente año se había disparado a 34,776, sobrepasando el 50 por ciento del PIB. En esas circunstancias carece de relevancia el destacar que el país ha saldado el remanente de su deuda con el FMI, pues cada vez es mayor el compromiso con otros entes privados de financiamiento.
En cuanto al énfasis en los 400 mil empleos nuevos, creados en su cuatrienio, debemos recordar que más de la mitad son empleos informales de mucha volatilidad y que una cuarta parte son empleos en el propio sector público, agrandando aún más una nómina supernumeraria. Basta señalar que en el año 2011 los empleados del Estado eran 495,732 y a junio de 2016 ya alcanzaban a 603,919. Eso explica que el pago de remuneraciones solo en el Gobierno Central pasara de 79,043 millones en 2011 a 153,047 en diciembre 2015. Lo anterior implica que en la actualidad el pago de remuneraciones en el Gobierno Central absorbe más del 30 por ciento de los ingresos ordinarios.
Sobre educación y salud
Reconocemos la decisión del gobierno de responder a la demanda ciudadana de incrementar el presupuesto a la educación preuniversitaria hasta el 4% del PIB. En general, la población valora positiva dicha decisión, al tiempo que tiene fundadas reservas sobre la calidad del gasto educativo, sobre todo luego de las graves irregularidades detectadas en la construcción de escuelas, programa al cual se ha dedicado gran parte del incremento presupuestario a educación. Sin embargo, no se han cumplido con los resultados prometidos para el período 2013-2016, para el cual se proyectó elevar la tasa de cobertura de la educación de grado pre-primario de 46.5% a 74.2% y de nivel media de 40.2% a 64.8%. La tasa de analfabetismo está muy por encima de la meta de 4% y no se ha logrado mejorar los resultados de aprendizajes en los niveles previstos en dicho plan.
En cuanto a salud y seguridad social, los resultados han sido muy pobres. Por ejemplo, la tasa de mortalidad materna sigue superior a 100 por 100 mil nacidos vivos, cuando la meta era reducirla a 50 en dicho período, mientras la tasa de mortalidad infantil también se mantiene alta, a pesar de que se prometió reducirla a 15 por mil nacidos vivos. Gran parte de la población, especialmente el 57 por ciento de los trabajadores informales, continúa sin acceso a la seguridad social, aunque la Ley de Salud y Seguridad Social lleva década y media de vigencia. Tampoco se cumplieron con otras metas establecidas en la END, como la reducción de la tasa de desempleo a 11% para el 2015, y protección con seguro de salud al 100% de la población al 2016. El gasto en salud pública ha sido muy inferior al previsto, pues de acuerdo a la END, debió ser no menos de 2.8% del PIB en 2015, pero se mantiene inferior a 2%.
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