Por:
la redacción
Santo
Domingo, RD_. El Foro Feminista junto a otras organizaciones de mujeres del país, acompañadas
de agrupaciones políticas, sindicales y
organizaciones internacionales, expresó
este martes su indignación y alarma frente a la sentencia emitida recientemente
por el Tribunal Constitucional (TC) y en virtud de la cual se anula el Código
Penal aprobado por el Congreso Nacional el 19 de diciembre del 2014,
manteniendo la vigencia al Código Penal de 1884, sin mencionar siquiera sus
reformas.
En tanto que el Código anulado contiene
disposiciones dirigidas a castigar hechos antijurídicos que dañan la sociedad, citando el sicariato, los
crímenes y los feminicidio.
También indica que dicho Código establecía sanción a las autoridades públicas por tratos crueles,
inhumanos o degradantes y la corrupción, entre otros. Pero además, dicho Código
incorporaba avances en materia de protección de derechos humanos de las mujeres
al tipificar delitos o circunstancias que afectan de manera particular o en
mayor proporción a las mujeres.
Manifestó, la
entidad, que uno de esos avances es la
despenalización de la interrupción del embarazo cuando concurren circunstancias
especiales, es decir, cuando peligra la vida de la mujer, cuando se constatan
en el embrión malformaciones congénitas incompatibles con la vida y cuando el
embarazo es producto de una violación o incesto.
“Este reconocimiento a la ley penal- del derecho a la vida,
dignidad e integridad de las mujeres es una demanda que desde hace más de 45
años vienen exigiendo organizaciones feministas y de mujeres”, expresan las
mujeres en rueda de prensa realizada el Colegio Dominicano de Periodistas.
Sin embargo, dijo que por distintas responsabilidades de los
Poderes del Estado y de los partidos políticos que determinan en esas
instancias, al día de hoy todavía no se logra hacer efectiva esa garantía de
los derechos de las mujeres.
En esta ocasión el procedimiento de aprobación
del Código es la excusa para que se postergue la entrada en vigencia de una Ley
que podría contribuir a evitar la muerte de cientos de mujeres y niñas en
nuestro país; que reduciría el dolor y el trauma de quienes producto de una
violación, -muchas veces cometidas por sus padres-, son obligadas hoy a una
maternidad que no buscaron y que no están en capacidad física, emocional o
económica para afrontar.
Observaron que la con enorme preocupación este nuevo
escenario que representa una grave amenaza a los avances jurídicos contemplados
en el Código Penal aprobado en diciembre del 2014 y manifestamos nuestra
decisión de mantenernos vigilantes de la actuación de quienes han sido elegidos
por el pueblo como representantes y garantes de los derechos de toda la
población en el país, de la cual las mujeres representamos el 50%.
Igualmente,
demandaron se mantengan los artículos
107, 108, 109 y 110 del Código Penal aprobado en el 2014 referidos al acceso de
las mujeres a interrumpir un embarazo en las circunstancias especiales antes
señaladas.
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